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ASCAV recuerda a Clavijo que el Gobierno de Canarias atendió única y exclusivamente las peticiones de la patronal hotelera

  • Published in Turismo

El PSOE pide suspender el régimen sancionador previsto en el decreto de alquiler vacacional hasta que se modifique

{mosimage}{mosimage}Entrevista a Doris Borrego

SB-Noticias.- La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional  (ASCAV) asegura que muchos son los atropellos cometidos hasta la fecha por el Gobierno de Canarias, criminalizándo a más del 90%  de 53.000 familias que dignamente se dedican al alquiler vacacional en las islas, es decir, a darle de comer a sus familias y a generar economía en las inmediaciones de sus viviendas.

Sobre las polémicas declaraciones emitidas por Fernando Clavijo en los Desayunos de TVE, sobre la modificación del Decreto 113/2015, asegurando entre otras cuestiones "que la vivienda vacacional sea una oferta que complemente al sector turístico, pero que no compita directamente con los que evidentemente deben cumplir con los estándares de calidad", ASCAV puntualiza que es cierto que el Decreto fue negociado con ASCAV, pero más cierto es, que a tan sólo 2 días de las elecciones y en secreto, el Gobierno aprueba una normativa que deja en la más absoluta "ilegalidad" a las viviendas vacacionales, cuando en un principio pretendía llevarlas de una situación de "alegalidad" a la "legalidad".

ASCAV insiste en que el Gobierno de Canarias atendió única y exclusivamente las peticiones de la patronal hotelera, prohibiendo el alquiler vacacional en las zonas turísticas y excluyendo más del 90% de las viviendas vacacionales, pero además, la organización ha podido estudiar posteriormente, también en las zonas rurales (más de 4.000 camas turísticas se excluyen tan sólo en La Palma). Es decir, hubo consenso en las negociaciones, pero con una "sola parte".
 
La Asociación añade que Ruano les citó el 10 de junio para confirmar el más absoluto desconocimiento del cambio de última hora en el Decreto. Se comprometió a una modificación que se adaptara a las negociaciones mantenidas, a la moción no vinculante aprobada por unanimidad el día 25 de marzo en el parlamento a favor de las reivindicaciones de ASCAV y el compromiso público de Clavijo en coalición con el PSOE como candidato a presidente y difundido públicamente en las redes sociales días antes de las elecciones una vez fuera investido.

El 7 de julio se publicó en el BOC una modificación trampa del Decreto 113/2015, generando aún más controversia, ya que sustancialmente se modifica NO en la normativa, sino sólo en el anexo 2 (la declaración responsable), el polémico artículo 3.2, que queda como sigue: "Que la vivienda no se encuentra ubicada dentro de una urbanización turística o de una urbanización mixta residencial turística, conforme a las definiciones establecidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias".

También se modifica sólo en el anexo y no en el cuerpo normativo la exigencia del I.A.E., ya que atenta contra las demás normativas fiscales. Como ASCAV lleva reclamando, con informes de la Agencia Tributaria, sólo es exigible el alta en el IRPF.
 
De momento ASCAV cuenta con el apoyo público en sus reivindicaciones del Partido Popular, Podemos y Ciudadanos y ya está en conversaciones con los demás partidos políticos para hacer un frente común.  Muchos son los "estándares de calidad" que la vivienda vacacional tiene que cumplir al ser el Decreto meramente intervencionista y exigir hasta incluso "iluminación para la lectura junto a cada cama".  Sólo hace falta ver los requisitos exigibles...
 
Muchos son los atropellos cometidos hasta la fecha por el Gobierno de Canarias, criminalizándo a más del 90%  de 53.000 familias que dignamente se dedican al alquiler vacacional en las islas, es decir, a darle de comer a sus familias y a generar economía en las inmediaciones de sus viviendas. Prueba de ello es el régimen sancionador, que va entre los 30.001 y 300.000 euros. Tantos, que han perdido la confianza en el ejecutivo y más aún tras las polémicas declaraciones del presidente esta mañana, que claramente deja entrever sus intenciones de sacar el "alquiler vacacional" fuera de todas las zonas turísticas para que no compitan con el sector turístico. ¿Para qué se regula como modalidad turística, si luego no puede competir en las zonas que se destinan a ello? ¿Porqué nuestros dirigentes confunden constantemente la palabra "competir" con "complementar"? ¿Porqué tanto empeño en ponerle puertas al campo? ¿Hay excusas para darle la espalda a 1.300 turistas que nos visitan y que prefieren el alquiler vacacional? ¿Cuál es el cambio de "talante abierto y receptivo" del nuevo presidente, si al fin va a ser el mismo ó aún peor?
Los motivos no están claros, el resultado sí, más pobreza para las familias, más paro y más desigualdad en pro de "unos pocos".
 
Por tanto, ASCAV pide al nuevo ejecutivo que también escuche sus argumentos:
 
La repercusión social y económica que se produce por el Decreto tiene para nuestra Comunidad Autónoma incalculables consecuencias, ya que afecta de manera transversal a distintos y numerosos sectores, aparte de las miles de familias también a pymes, estrechamente ligados a esta actividad (Véase Informe Essade sobre estos aspectos http://goo.gl/hdHIoG ). Muy significativo ha sido el llamamiento que en este sentido ha lanzado el propio Tomás Azcárate Bang, Presidente del Instituto de Turismo Responsable adscrito a la UNESCO y a la Organización Mundial de Turismo, exponente del llamado Turismo Sostenible, en el sentido de que "la Vivienda Vacacional debiera ser uno de los pilares para cualquier destino que aspire a ser turísticamente sostenible por la equitativa redistribución de los ingresos y el desarrollo social que propicia". La exclusión de la vivienda vacacional en las zonas turísticas, impidiendo que conviva y compita con el sector turístico, no sólo atenta contra los derechos de rango superior de los propietarios, sino también contra la libre competencia. ASCAV en este sentido, ya ha interpuesto demanda ante la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia.  
 
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo hoy se ha retractado claramente en su voluntad de sacar las viviendas vacacionales fuera de las zonas turísticas en contra del compromiso adquirido, por lo que ASCAV seguirá tomando tantas acciones como estime oportunas para evitar llevar la situación a tal extremo, entre ellas judiciales.
 
Las reivindicaciones de ASCAV son claras:
 
1. Que las viviendas vacacionales sean reguladas por su condición de "viviendas" y que no se liguen a suelos ó planes urbanísticos, ya que va en contra de su esencia y la demanda de los turistas que la eligen. En ningún caso se trata de legalizar viviendas sujetas al principio de unidad de explotación.
 
2. Que se proceda a la inclusión del Bed & Breakfast como una modalidad más de alojamiento turístico, compromiso de todos los grupos parlamentarios de la anterior legislatura y de todos los candidatos a Presidente de Canarias.
 
3. Que es urgente establecer una moratoria ó suspensión temporal en la aplicación de las sanciones hasta que se modifique el Decreto 113/2015 para evitar más daños a la imagen de Canarias, ya que la alarma general que se ha despertado entre propietarios, tour-operadores y páginas webs P2P sobre la ilegalidad de los alquileres se está traduciendo en una oleada cada vez mayor de cancelaciones en reservas, anuncios o nuevas contrataciones.
 
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El PSOE pide suspender el régimen sancionador previsto en el decreto de alquiler vacacional hasta que se modifique

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en Canarias, Iñaki Lavandera, apostó este jueves por suspender el régimen sancionador previsto en el decreto que regula el alquiler vacacional hasta que se materialice la modificación de ese decreto por la que apuesta el presidente del Gobierno de Canarias.

El portavoz socialista reiteró este jueves la postura de los socialistas favorable a la necesidad de modificar ese documento. “El actual decreto no da una respuesta válida a la realidad de la vivienda vacacional. No se puede ni se debe abocar una actividad que existe a la clandestinidad”, dijo el portavoz, quien consideró que es “un deber del Gobierno modificar una regulación que no permite la normalización en el marco de los requisitos que tiene necesariamente que haber”.

Lavandera hizo hincapié en que el alquiler de viviendas en zonas turísticas es “una realidad a la que no se le puede dar la espalda mediante prohibiciones, sino regulándola previo consenso, diálogo y participación de todos los agentes con intereses en el sector turístico y asociaciones de propietarios”.

El representante del PSOE señaló que es necesario anteponer el interés general a cualquier otro, por lo que cree necesario permitir una actividad que lleva desarrollándose muchos años en Canarias y, al mismo tiempo, establecer las condiciones que hagan falta para evitar consecuencias no deseadas en el modelo turístico o incluso en el mercado de vivienda residencial.

El portavoz socialista afirmó que "una mejor regulación es perfectamente posible y deseable" y puntualizó que se deben buscar fórmulas que permitan a un propietario el alquiler de un apartamento o vivienda situada en una zona turística. “La demanda existe, al igual que existe la demanda para otro tipo de alojamiento turístico”.