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Acusan al alcalde de Guia de mentir para justificar el desalojo de la Comunidad La Esperanza

La Comunidad “La Esperanza” responde en un contundente comunicado, al alcalde de Santa María de Guía,  Pedro Rodríguez, ante sus recientes declaraciones en las que ha tratado de justificar el desalojo a las 77 familias que habitan un edificio en su municipio, aludiendo entre otros motivos a que peligra su seguridad.
 
Aseguran que el alcalde miente y muestra una gran insensibilidad ante la situación de las 77 familias que pueblan la Comunidad y las que pretende desalojar sin preocuparse antes de que se les asegure desde las instituciones una alternativa habitacional.

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD "LA ESPERANZA"
 
Desde la Comunidad “La Esperanza” queremos aclarar y refutar algunas de las opiniones vertidas por el alcalde a los medios de comunicación en su pasada rueda de prensa del día 22 de marzo del corriente año y de paso dejar algunas cosas claras.

1. La habitabilidad del inmueble: según el señor alcalde «quiere velar por la seguridad de los habitantes de “La Esperanza”». Y ¿cómo pretende hacerlo? Desalojando a esos mismos habitantes y arrojándolos al asfalto. Son ya muchos los medios de comunicación que han pasado por la Comunidad “La Esperanza” y no nos dejarán mentir si afirmamos que todos han podido acceder al interior de las viviendas y comprobar que son perfectamente habitables. ¿Hablamos de cuestiones estrictamente legales y burocráticas? En ese caso concedamos que los inmuebles no tienen cédula de habitabilidad. Según el alcalde nos quiere desalojar porque son un peligro para nuestra seguridad. Ahora preguntamos, ¿se está más seguro, protegido, lejos de amenazas y peligros en la calle? Aquí algo no cuadra bien: no se puede sacar a una persona de un incendio para echarlo en una incineradora. Por muy peligrosa, insegura e insalubre que fueran la Comunidad y sus instalaciones (que no lo son), más peligrosa, insegura e insalubre sería siempre la calle. El motivo del intento de desalojo administrativo no puede ser nunca nuestra seguridad porque si no se nos garantizaría un realojo digno y asequible a nuestras posibilidades. En vez de eso, por “nuestro bien y seguridad”, se nos quiere arrojar a la intemperie y la indigencia. No “vele más por nuestra seguridad” señor alcalde si eso pasa por mandarnos a morir o a vagar por la calle con nuestro centenar de niños.

2. Los compradores: El alcalde habla también de los compradores que invirtieron sus ahorros en algunas de esas viviendas. Conocemos el verdadero interés del alcalde: convertir el asunto en una típica pelea entre “propietarios” y “okupas”. Pero no le saldrá bien. Nosotros conocemos perfectamente la situación de algunos de las personas que adelantaron dinero sobre plano e invirtieron sus ingresos con el fin de tener una vivienda. También la de los que permutaron solares a cambio de varias viviendas. Nuestra lucha no es ni será nunca contra ellos, y nos gustaría hacerles saber que nuestras reivindicaciones y necesidades en nada afecta a sus derechos. Nuestra intención siempre ha sido establecer un frente común que nos beneficie a todos, y no caer en las maniobras del alcalde para azuzar el enfrentamiento. Todos somos víctimas: ellos de una estafa particular y nosotros de la estafa capitalista. Ha sido la Comunidad “La Esperanza”, y no ninguna institución, la primera que ha puesto sobre la mesa la solución más plausible para hacer que los propietarios recuperen su inversión: dando por sentado que al declararse la Promotora Piornedo en quiebra es imposible que obtengan de ella resarcimiento alguno, hemos planteado formalmente que se remunicipalicen los inmuebles (y si el ayuntamiento no tiene competencias que se encargue la administración correspondiente), se los catalogue como viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social y se extraiga directamente de los alquileres pagados por los vecinos la cantidad exacta que invirtieron los propietarios en las viviendas a fin de restituírsela. No hay mejor solución para lograr que nosotros no nos veamos en la calle y que los compradores recuperen su dinero. Pero esta solución requiere la intervención del ayuntamiento, y como en realidad no les importamos ni los unos ni los otros no hay voluntad política de que se lleve a cabo.

En otro orden de cosas queremos también aclarar una desinformación de la que se han hecho eco algunos medios estos días. Cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria inicia la ocupación (con “c”) de las viviendas en 2013 y mete a las primeras familias, lo hace en unos inmuebles vacíos, con años de abandono (de hecho las viviendas estaban siendo objeto desde hacía mucho tiempo de vandalismo y robos, como muestra de que no estaban habitadas) y con consentimiento por escrito de la promotora (en consecuencia somos “precaristas” y no “okupas”, al menos todavía). Ningún vecino forzó ninguna puerta; todos entramos con ese consentimiento y con las llaves en la mano. A nadie se le ha quitado nada, en tanto en cuanto los inmuebles estaban desocupados y la reclamación de los compradores era recuperar su inversión y no unos pisos sin certificados legales. Nuestra ocupación no conculca ninguno de sus derechos o reclamaciones.


3. Las mentiras: En la comunidad hay 77 viviendas. Todas ocupadas, y en su gran mayoría por familias con hijos al cargo. Sólo en unos pocos casos, de extrema necesidad, se ha contemplado realojar a solteros sin hijos. Teniendo en cuenta que muchas son familias numerosas, los números del alcalde son más que conservadores. Estamos actualizando el censo, pero podemos asegurar que rondamos los dos centenares de personas y que de ellas más de la mitad son menores. Es muy posible que al alcalde no le hayan salido las cuentas porque desde hace meses no permite a las familias empadronarse (cosa que llevaba ocurriendo con normalidad desde hacía 3 años).

Entre esas 77 familias hay tres de ellas, la de Francisco y Carolina, la de Leonor, y la de Mary Jenny y John, con sus respectivos hijos, a las que envió directamente el alcalde y todas están dispuestas a ratificarlo ante la opinión pública, como ocurrió en nuestra pasada rueda de prensa del 21 de marzo. Todas fueron a solicitar vivienda al alcalde y todas fueron derivadas a la Comunidad “La Esperanza” para que nos encargáramos nosotros de dar respuesta a la gran demanda de vivienda social que hay en el municipio. Un funcionario público que es capaz de mentir tan abiertamente a los medios de comunicación no está legitimado para pontificar sobre nada.

El alcalde ha tratado de fomentar una suerte de “xenofobia municipal” insistiendo en que venimos de otros municipios. En primer lugar no es cierto, porque al menos un bloque es íntegramente de nativos del norte. Pero aunque todos viniéramos de fuera, se olvida el alcalde de que una vez nos empadronamos en Santa María de Guía somos vecinos de pleno derecho del municipio.

Habla también de las instalaciones, omitiendo que después de muchas negativas por su parte hemos podido reunirnos con él en dos ocasiones, la última el año pasado, para solicitarle que cumpla el art. 26 a) de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 y nos garantice, como le obliga la ley, un suministro acuífero y eléctrico regular que nosotros mismos nos comprometemos a sufragar. Después de palabras vanas no ha hecho absolutamente nada, negándose en redondo a volver a abordar el tema. Y como él mismo nos notificó hace unos días a través de una llamada telefónica a una vecina, cierra unilateralmente la vía de la negociación en tanto en cuanto sigamos convocando a los medios de comunicación.

Es incierto también que el propio alcalde no le haya asegurado a varios vecinos, a fin de que no cargáramos las tintas contra él, que su intención no es echarnos, y que simplemente ha firmado ese decreto con la intencionalidad de “guardarse las espaldas”. Esa es literalmente la expresión que empleó.


4. Conclusiones: En definitiva el alcalde miente y muestra una gran insensibilidad ante la situación de las 77 familias que pueblan la Comunidad y las que pretende desalojar sin preocuparse antes de que se les asegure desde las instituciones una alternativa habitacional.

Por nuestra parte no pensamos bajar el pistón. Llevaremos la batalla legal hasta sus últimas consecuencias; desoiremos las amenazas del alcalde y seguiremos convocando a los medios de comunicación para denunciar la situación de emergencia humanitaria a la que nos quiere abocar la administración; si nada ejerce la suficiente presión para que desistan de echarnos, tomaremos las calles tal y como una vez tomamos una vivienda para nuestros hijos, convocando movilizaciones que demuestren que si ellos tienen la fuerza en sus decretos nosotros la tenemos en el sentimiento de justicia popular. Son ya casi 100 colectivos, sindicatos, plataformas, federaciones, asambleas, radios, editoriales, partidos, de Alemania, Colombia, México, Austria y de todo el Estado español las que nos apoyan. Si los animales se defienden cuando atacan la madriguera de sus crías, nosotras y nosotros no vamos a ser menos.