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Los trabajadores sociales no son responsables del deterioro de los alimentos destinados a personas necesitadas

El Colegio de Trabajo Social cree que la actual normativa y la falta de personal han provocado la destrucción de 45 toneladas de alimentos

{mosimage}SB-Noticias.- El Colegio de  Trabajo Social de Las Palmas quiere lamentar la destrucción de casi 45 toneladas de alimentos en Canarias desde el año 2015 debido al deterioro de esos productos que iban a ser repartidos por diferentes organizaciones no gubernamentales. No es la primera vez que los medios de comunicación se hacen eco de noticias de este tipo, ya ha ocurrido otros años en islas como Lanzarote, donde también se tuvo que destruir alimentos en octubre de 2014 por una plaga de gorgojos en el municipio de Tías.

Esta entidad defiende la profesionalidad de las trabajadores y trabajadores sociales que deben realizar los informes sobre las familias en situación de exclusión que pueden acogerse al plan de reparto de esos alimentos que se compran con el Fondo Español de Garantía Agraria. El reparto es fruto de la colaboración de diferentes instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

El colegio de Trabajo Social no entra en los conflictos que puedan surgir entre instituciones y ongs, pero sí queremos responder a algunas críticas que se hacen desde el desconocimiento. Los trabajadores y trabajadoras  sociales no somos responsables de la burocracia que ha generado la actual normativa, que exige informes sociales de las familias que se acogen al plan de reparto de alimentos. Los informes sociales no deben de utilizarse como fichas para la derivación de recursos concretos, ya que requieren mucho tiempo y recursos humanos para elaborarlos de forma rigurosa y deberían servir para aspectos más globales.

A la burocracia que exige la ley hay que añadir otro hecho que hemos denunciado en múltiples ocasiones: la falta de personal. En estos años de incremento de la pobreza se ha despedido a trabajadores sociales y se han recortado los presupuestos públicos que se destinaban a diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas en exclusión social.  Los mismos que recortan presupuestos públicos destinados al sistema público de Servicios Sociales han reducido el personal y han aprobado una normativa que aumenta la burocracia.
                                       
Creen que más allá de las condiciones de los almacenes con los que cuentan las ongs que guardan los alimentos, no estamos ante un problema de invasión de gorgojos, ni de trabajadoras y trabajadores sociales que apuestan por la burocracia, estamos ante una normativa que exige más personal y que fue aprobada precisamente por quienes han reducido los presupuestos públicos destinados a los Servicios Sociales.
 
Desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas reiteran su reivindicación de un Sistema Público de Servicios Sociales, que apueste por los derechos sociales de todas las personas. Entendemos que hay que resolver las situaciones urgentes, pero consideramos que las instituciones públicas no pueden hacer dejación de sus responsabilidades de garantizar prestaciones económicas a todas las personas sin ingresos, que se deben de dar ayudas económicas directas, que se realicen programas de desarrollo comunitario y se garantice   las condiciones laborales dignas. Frente a la privatización de los servicios sociales y el mero asistencialismo, apostamos por el sistema público de Servicios Sociales que garantice que se cumplan los derechos sociales y los derechos humanos recogidos en la constitución.