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El PSOE preguntará al Gobierno por sus gestiones ante el Estado para aumentar la cuota de atún rojo

El PSOE destaca el cambio de tendencia de los servicios sociales en Canarias

{mosimage}SB-Noticias.- El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta urgente dirigida al consejero responsable de Pesca para conocer las gestiones que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para solicitar el incremento de la cuota de atún rojo que corresponde a los pescadores canarios en 2016.

La portavoz de Pesca del PSOE en la Cámara, Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, recuerda que en noviembre de 2015, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) incrementó a España en un 19,5 por ciento su cuota de capturas de atún rojo para 2016, lo que supone un aumento de, aproximadamente, unas 460 toneladas hasta llegar a las 3.500. Esa cuota, a su vez, es repartida por el Gobierno de España entre las distintas regiones con intereses en la pesca del sector.

Subraya que los pescadores canarios de esta especie han sido los que, en los últimos años, han padecido en mayor medida las restricciones impuestas por la UE y articuladas por el Gobierno de España en el reparto interior, hasta el punto que la cuota de pesca asignada en 2015 se alcanzó tras sólo un día de faenado. Añade que conforme a la cuota asignada por la UE a España, el Gobierno de España dictará durante este mes de enero su reparto interior, donde las cofradías canarias esperan recuperar parte de la cuota perdida en los últimos años.

“Por ello, se hace necesario conocer de primera mano las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno para la materialización de este objetivo, en aras al oportuno posicionamiento de las distintas formaciones políticas ante la decisión que adopte en los próximos días el Gobierno de España”, señala.

Rodríguez Herrera se reunió recientemente con representantes de las cofradías de pescadores de Canarias, quienes le trasladaron la urgencia de que el Gobierno de España comprenda que ese incremento se debe destinar a Canarias. En el encuentro, los profesionales también demandaron al Gobierno canario que replantee una nueva ley de pesca que contemple la realidad actualizada del sector, pues la norma vigente data del año 2003. Otra de sus peticiones es que se vigile de manera severa el furtivismo y se apliquen medidas ejemplares.
 
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La portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval, destacó este martes el cambio de tendencia que está experimentando la situación de los servicios sociales en Canarias y que está siendo reconocido y valorado por todos los sectores. “Lo necesario ahora es prestar el máximo apoyo y arrimar el hombro entre todos para continuar en esta senda”, dijo.

Ante la petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias de una “cumbre por la crisis” de los servicios sociales, la diputada lamentó esa intención de convertir las necesidades básicas de la gente en un asunto del que sacar rédito político e insistió en que desde el comienzo de esta legislatura, el cambio de tendencia “es evidente, a pesar de los 800 millones de euros anuales en recortes efectuados por el Gobierno del PP”.

Subrayó que los primeros seis meses de actividad del nuevo Gobierno, la Consejería de Políticas Sociales ha logrado poner al día la prestación canaria de inserción (PCI), de tal forma que este año, con una partida que pasa de 28 a 45 millones de euros, ha arrancado sin lista de espera. Añadió que el departamento que dirige Patricia Hernández, además, ha dado el visto bueno de forma muy anticipada al convenio marco con los ayuntamientos, lo que les permitirá contar con personal para tramitar la PCI y otras políticas sociales desde el primer día.

“En ejercicios anteriores, esto no era posible hasta el mes de abril, lo que ponía en riesgos los puestos de trabajo de estas personas y dilataba las políticas sociales municipales”, indicó. La parlamentaria del PSOE expuso que la primera y única ley de servicios sociales de Canarias fue aprobada por un Gobierno socialista en 1987. “Han pasado casi treinta años, pero ahora resulta llamativa la prisa del portavoz de ese grupo, Román Rodríguez, por sacar adelante una nueva ley de servicios sociales cuando él lleva estas tres décadas en la actividad política e incluso en tareas de Gobierno, sin que entonces se preocupase por desarrollar o modificar la norma vigente”.

Teresa Cruz recalcó que no sólo es interés de la consejera renovar la ley sino hacerlo desde la mayor participación posible. “El PSOE apuesta por una ley no para dos años, sino mínimo para diez”, dijo. Sobre dependencia, hizo hincapié en que el déficit del sistema de atención a estas personas “ha sido admitido por la propia consejera, déficit motivado en Canarias por los recortes ejecutados por el PP en 2012, lo que impide la generación de nuevas plazas”. Explicó que la situación con que se encontró el nuevo equipo de Gobierno “era muy mala, pero en estos meses se ha incorporado a 1.500 nuevos dependientes al sistema con un ritmo que se ha duplicado, tal y como indican los datos del segundo semestre”.

Valoró que el Gobierno canario haya adelantado el pago a 550 dependientes que se encontraban en lista de espera y haya pagado a más de 200 comunidades de herederos, es decir, familiares que vieron cómo morían sus dependientes sin haber sido atendidos. “Estamos hablando de un cambio de tendencia muy claro, que precisa del cuidado de todos, de sumar esfuerzos, máxima a la vista de los recortes que el Gobierno de Rajoy hizo en esta legislatura, no sólo eliminando desde 2012 la financiación para generar nuevos recursos, sino también reduciendo los destinados a la red básica de servicios sociales”.

La diputada del PSOE aseguró que los ayuntamientos de Canarias han sido las administraciones más perjudicadas por tener que hacer un esfuerzo económico mayor para poder dar respuesta a las demandas sociales crecientes por la crisis económica. “Mientras tanto, el PP ha optado por quitar competencias en la materia a las corporaciones locales, pese a ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía, pero el PSOE acabó la pasada legislatura nacional tal y como empieza esta: exigiendo la derogación de esa ley”.